Starlink en escuelas rurales: el Gobierno eligió a la empresa de Musk y dejó afuera a ARSAT pese a que cuesta casi el triple
El Estado nacional adjudicó a Starlink la conectividad satelital de 6.000 establecimientos educativos rurales de todo el país. La operación, estructurada como una donación con cargo, encubre un esquema que, a partir del tercer año, obligará a provincias y municipios a pagar u$s 160 mensuales por escuela, mientras que ARSAT ofrece el mismo servicio por u$s 60. La empresa pública, además, acumula una deuda impaga de más de u$s 60 millones por servicios ya prestados.
Un contrato sin licitación y con precio desfavorable
El acuerdo fue anunciado por el vocero presidencial Adrián Ravier y formalizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El esquema prevé una inversión total de aproximadamente u$s 22 millones, dividida entre un aporte privado de Starlink —unos u$s 10 millones en equipos y dos años de servicio— y u$s 12 millones del Fondo del Servicio Universal para cubrir instalación, soporte técnico y el tercer año de conectividad.
El mecanismo utilizado fue el de donación con cargo: Starlink entrega los kits satelitales y dos años de servicio condicionados a que el Estado financie el resto del programa. El punto más cuestionado es que ese cargo consiste, precisamente, en seguir contratando al propio donante.
La propuesta surgió de una carta de intención que la empresa de Elon Musk presentó ante el Enacom el 15 de julio. Apenas nueve días después, el Gobierno oficializó la resolución que dio forma al programa “Conectividad satelital en establecimientos educativos de gestión pública de la República Argentina”.
El negocio de Starlink: dona, cobra y compensa
La resolución, publicada en versión sintetizada en el Boletín Oficial, contiene un párrafo llamativo en su anexo completo: los costos de instalación de las antenas, abonados con fondos públicos, podrían descontarse del aporte obligatorio que Starlink debe realizar al Fondo del Servicio Universal como licenciataria de telecomunicaciones. La ecuación es clara: la empresa dona, cobra por los servicios y compensa contra su propia deuda con el Estado.
El analista en telecomunicaciones Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, apuntó directamente a la falta de transparencia: “No fue a través de ningún mecanismo como concurso o subasta, en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta de conexión de las escuelas: con qué tecnología, con qué características y a qué precio”.
Carrier también señaló los vacíos que dejó el contrato: “Faltan algunas definiciones: cuál va a ser el precio a partir del cuarto año, cómo va a ser el esquema para la designación de las escuelas beneficiadas y quiénes se van a hacer cargo cuando hayan pasado esos tres años de servicio”.
ARSAT, desplazada pese a ofrecer una opción más barata
Desde ARSAT, Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de la empresa, remarcó que la empresa estatal cuenta con la capacidad técnica para brindar el mismo servicio a un costo menor. “Todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos. Starlink cobra la conexión que ofrece 160 dólares por mes. ARSAT la cobra 60 o 70 dólares, aproximadamente”, explicó.
Mc Govern también cuestionó la deuda que el Gobierno mantiene con la empresa pública: “Esa es la plata que quieren desviar a Starlink, y ese dinero dejó de venir porque el Gobierno no envía la plata. Actualmente le debe más de 60 millones de dólares a ARSAT en servicios prestados”.
Actualmente, ARSAT conecta de manera satelital a unas 1.845 escuelas y coordina la conectividad de otros 11.000 establecimientos a través de la Red Federal de Fibra Óptica.
Lo que el Gobierno no informó
Según la última actualización del Ministerio de Educación —que data de 2024—, hay 18.000 escuelas rurales registradas en el país. Sin embargo, el Gobierno no publicó el listado de los 6.000 establecimientos que se conectarán con Starlink, ni el reparto por provincias. El contrato tampoco especifica velocidad mínima garantizada, cupo de datos ni qué ocurre si una escuela supera el volumen comprometido.
Lo que sí está claro es el esquema financiero de largo plazo: al vencer el período inicial de 36 meses, serán las provincias y municipios adherentes los que deberán asumir el costo mensual del servicio de Starlink, que actualmente es casi el triple del precio de la alternativa estatal disponible.
En La Rioja, provincia con una importante cantidad de establecimientos rurales dispersos en zonas de difícil acceso, la pregunta sobre cuántas escuelas integrarán el listado y si el gobierno provincial adherirá al esquema es, por ahora, una incógnita que el Estado nacional no resolvió.
