Diputados y una sesión que importa: qué pasa con las personas con discapacidad y los millones de familias endeudadas
Hay decisiones que se toman en el Congreso y que, aunque parezcan lejanas, tocan de cerca la vida cotidiana de mucha gente. Eso pasó este miércoles en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró imponer el cronograma para tratar dos temas urgentes: la prórroga de la emergencia en discapacidad y una salida para cerca de 6 millones de familias con deudas impagas.
Los emplazamientos a las comisiones fueron aprobados por unanimidad, aunque el camino no fue sencillo. La sesión arrancó con 130 legisladores de la oposición, y el oficialismo ingresó al recinto recién cuando el quórum ya estaba garantizado. Ante la falta de margen para resistir, terminó acompañando las votaciones.
Lo que viene para discapacidad
La emergencia en discapacidad tiene un cronograma concreto: el miércoles próximo habrá una reunión informativa de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, y el dictamen está previsto para el miércoles 23 de septiembre.
El diputado Juan Marino fue uno de los que pusieron números sobre la mesa. Desde que se aprobó la ley de emergencia, dijo, se iniciaron casi 91.000 trámites para dar de alta pensiones no contributivas por discapacidad, pero solo se resolvieron poco más de 10.300. Menos del 12%. También señaló que el Gobierno acumula una deuda de casi 70.000 millones de pesos con los prestadores, que en 2025 se subejecutó en un 15% el presupuesto de Incluir Salud, y que los transportistas cobran un valor por kilómetro que no alcanza para sostener el servicio.
Lo que viene para los deudores
Para las familias con deudas, el plan incluye reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, y el dictamen se espera para el martes 29. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, fue quien impulsó la moción: “La problemática de la morosidad de las familias es transversal”, sostuvo, y llamó a dejar de lado las diferencias partidarias para encontrar respuestas reales.
El oficialismo, por su parte, planteó que los cronogramas aprobados eran casi idénticos a los que ya habían comunicado los presidentes de comisión el 2 de septiembre, y que al conservar la conducción de esas comisiones mantendrá el control de los dictámenes.
Lo que está en juego va más allá de la política. Son familias que esperan respuestas y personas con discapacidad que necesitan que el sistema funcione.
