La muerte de un perro en Anillaco derivó en una investigación judicial que incluye allanamiento, detención y estudios forenses sobre el animal. El caso movilizó a la Justicia del departamento Castro Barros y puso en el centro del debate la protección de los animales domésticos en La Rioja.
Todo comenzó con la denuncia de una vecina de Anillaco. A partir de ese primer paso, la jueza Sandra Molina, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correccional de Aimogasta, ordenó una serie de medidas que fue escalando a medida que avanzaba la causa.
Con los primeros testimonios de vecinos como respaldo, la magistrada dispuso el allanamiento del domicilio del denunciado, el secuestro de elementos vinculados al hecho y la detención del imputado. No fue un trámite menor: detrás de cada paso hay una ciudadana que decidió hablar y un sistema judicial que la escuchó.
La investigación fue ganando profundidad. Se ordenó la exhumación del canino y su traslado a una clínica veterinaria especializada en la ciudad de La Rioja, donde se realizaron placas radiográficas para determinar el tipo y las posibles causas de las lesiones. El juzgado fue claro al precisar que no se trató de una autopsia, sino de estudios radiográficos específicos orientados a reconstruir lo que le ocurrió al animal.
Para asegurar la validez de la prueba, participaron la Policía Técnica Judicial y la Dirección General de Cuerpos Especiales de la Policía Provincial, con presencia de un perito fotógrafo y una médica veterinaria del Departamento Canes. Todas las diligencias fueron notificadas previamente a las partes, garantizando el derecho de defensa.
La causa sigue abierta. Una vez finalizadas las diligencias en curso, el juzgado recibirá declaración indagatoria al imputado. Lo que empezó con el dolor de una vecina por la muerte de su perro hoy tiene nombre, expediente y fecha en el calendario judicial.
En La Rioja, maltratar a un animal tiene consecuencias. Y hay quienes se animan a denunciarlo.
