Un clic que engancha. Una apuesta que puede cambiar todo. Y una ley que lleva casi dos años sin poder frenarlo.
Mientras el Congreso debate, miles de chicos y adolescentes siguen expuestos a la publicidad de plataformas de apuestas online. Un proyecto para prohibir esa publicidad recibió media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero todavía duerme en el Senado sin fecha de votación. Y el tiempo apremia: el 30 de noviembre cierra el período ordinario de sesiones.
El dato que más preocupa lo aportó Unicef: uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años apostó por internet al menos una vez. No son números abstractos. Son pibes que ven publicidades en sus redes, en los partidos de fútbol, en las plataformas que usan todos los días.
Frente a esa realidad, la Comisión Episcopal de Pastoral Social lanzó una campaña de firmas para exigir que el Senado trate el proyecto antes de que se cierre el año legislativo. La Iglesia advirtió que el problema ya golpea a chicos y familias concretas, y pidió una respuesta urgente.
La iniciativa que espera definición propone prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del juego online en todas sus formas, incluyendo las campañas comerciales de las plataformas. El objetivo es claro: reducir la exposición de los más jóvenes y establecer controles de acceso reales.
Sin embargo, no hay consenso total. Desde La Libertad Avanza plantean un enfoque diferente: prohibir solo la publicidad de operadores ilegales, y permitir la de los autorizados bajo ciertas condiciones, como no dirigir mensajes a menores ni presentar las apuestas como una solución a los problemas económicos.
En el Senado, la legisladora Lucía Corpacci logró respaldo para priorizar el tratamiento del proyecto. Pero ese apoyo no alcanza para aprobarlo: aún faltaba convocar a las comisiones correspondientes para analizarlo.
El reclamo de la Iglesia cobró más visibilidad en el marco de la anunciada visita del papa León XIV al país. Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, podría tratarse en sesiones extraordinarias, pero solo si el Poder Ejecutivo lo incluye en la convocatoria. Por ahora, la ley sigue sin sanción. Y los chicos, sin protección.
