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Tech Security y los Menem: contratos millonarios con el Estado

La misa del Papa, los Menem y un negocio que no para de crecer

Mientras miles de fieles vivían un momento histórico en Palermo durante la visita del papa León XIV a la Argentina, detrás del operativo se movían otros engranajes. Uno de ellos tiene apellido conocido: Menem.

Tech Security, la empresa de seguridad privada fundada por Martín Menem junto a sus hermanos Fernando Nicolás y Eduardo Adrián, estuvo a cargo de parte de las tareas de seguridad durante la misa papal. El dato pasó casi desapercibido en medio de la emoción del evento, pero encendió una nueva discusión sobre los vínculos entre los negocios familiares y el poder del Estado.

La compañía no es nueva en el radar de las contrataciones públicas. Viene acumulando contratos con organismos nacionales desde gestiones anteriores, pero su trayectoria tomó otra dimensión durante el gobierno de Javier Milei.

El antecedente más resonante llegó en julio de 2025: Tech Security fue preadjudicada en una licitación del Banco Nación por casi 4.000 millones de pesos. El contrato cubre servicios de vigilancia en la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, edificios administrativos y el Aeroparque Jorge Newbery. Duración inicial: 24 meses, con posibilidad de renovación. Desde el banco sostuvieron que la firma presentó la oferta más baja entre las cinco empresas que participaron.

Antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2023, Martín Menem transfirió su participación en la sociedad a sus hermanos. Desde su entorno insisten en que no tiene injerencia en las decisiones comerciales de la empresa.

Pero el panorama no termina ahí. Un informe publicado en octubre de 2026 identificó 18 adjudicaciones y alrededor de 12.000 millones de pesos en contratos para empresas vinculadas al entorno de los Menem y al empresario Nicolás Hazaff durante la actual gestión. Entre los organismos contratantes aparecen el INCUCAI, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ente Nacional Regulador del Gas y la propia Cámara de Diputados.

La pregunta que queda flotando es simple y directa: en un gobierno que hizo del ajuste y la transparencia sus principales banderas, ¿quién controla que los contratos del Estado no terminen siempre en las mismas manos?

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