El sistema judicial y la sociedad riojana se encuentran conmocionados tras revelarse un operativo en el Servicio Penitenciario Provincial, donde se descubrió que una niña de apenas ocho años era utilizada por sus propios progenitores para ingresar estupefacientes al establecimiento. El Juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena confirmó la imputación de ambos padres, calificando el hecho como un acto que “causa estupor” por la falta de límites éticos y legales.
El Operativo: Una denuncia anónima clave
La investigación no surgió de un control rutinario, sino de una denuncia anónima que alertó a la Fiscalía Federal. A partir de allí, la Policía Federal coordinó el procedimiento que permitió detectar la maniobra. Según el magistrado, el Servicio Penitenciario enfrenta una vulnerabilidad estructural: la falta de equipos de alta tecnología para las requisas de ingreso, lo que facilita que personas utilicen métodos fuera de toda sospecha, como involucrar a menores de edad, para evadir los controles.
Imputaciones y el destino de la menor
La justicia ha actuado con celeridad bajo la Ley 23.737 (comercialización y tenencia de drogas), pero el caso trasciende lo estrictamente vinculado al narcotráfico. Los puntos clave de la situación procesal son:
- El Padre: Ya se encontraba privado de su libertad y ahora suma una nueva imputación por tenencia de estupefacientes.
- La Madre: Fue aprehendida de inmediato tras el operativo y permanece a disposición de la justicia federal.
- La Niña: Ha sido puesta bajo el resguardo de las autoridades competentes, activando los protocolos de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Un trasfondo de vulnerabilidad social
Más allá del delito, el Juez Herrera Piedrabuena subrayó que el contexto de esta familia es “bastante crítico”. Se trata de un grupo que requiere de asistencia social, económica y laboral, lo que pone de manifiesto cómo la precariedad extrema suele ser el caldo de cultivo para que los menores queden atrapados en redes de criminalidad familiar.
Este caso abre un debate necesario sobre la seguridad en los penales riojanos y la urgencia de modernizar los sistemas de detección, ya que, hasta el momento, la presencia de niños en las visitas no despertaba sospechas suficientes para controles exhaustivos, una debilidad que fue explotada de la peor manera posible.
