El Gobierno de La Rioja avanzó en un acuerdo de trabajo con UNICEF y la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para implementar el programa MUNA en municipios de la provincia. La decisión abre una nueva etapa en la política pública local vinculada a la protección de infancias y adolescencias, con foco en prevención, abordaje territorial y fortalecimiento institucional.
El encuentro fue encabezado por 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐚, junto a autoridades nacionales y referentes provinciales. Participaron 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚, director de Coordinación Federal de la Defensoría Nacional; 𝐑𝐚ú𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐯𝐨, consultor del Área Federal; y la diputada nacional 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥𝐢.
El eje político de la reunión fue la incorporación de La Rioja al programa MUNA, una iniciativa que busca mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de vulneración de derechos, violencia y abuso infantil. La primera etapa alcanzará a seis departamentos, donde se realizarán relevamientos, capacitaciones y recorridas por dispositivos territoriales.
Una agenda sensible para la gestión
La inclusión de La Rioja en este esquema nacional e internacional representa un respaldo institucional, pero también plantea un desafío concreto para la gestión provincial: transformar los acuerdos en herramientas efectivas para los equipos que trabajan en territorio.
El propio 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐚 destacó que la selección de la provincia “representa algo muy importante” para profundizar el cuidado y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el impacto dependerá de la coordinación real entre municipios, áreas sociales, salud, educación, justicia y organismos de protección.
Desde la Defensoría Nacional, 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 subrayó que el objetivo es fortalecer a los equipos técnicos que intervienen diariamente en situaciones complejas. El planteo apunta a una de las principales dificultades del sistema: la necesidad de contar con personal capacitado, recursos adecuados y protocolos claros para actuar frente a casos de violencia o abuso.
Diagnóstico y control político
La secretaria de Inclusión del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, 𝐋𝐮𝐜í𝐚 𝐃í𝐚𝐳 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐯𝐚𝐬𝐬𝐚, informó que la Provincia realiza un diagnóstico integral sobre políticas de adolescencia y familia. También se desarrollan mesas de trabajo con representantes del Ejecutivo y el Legislativo.
Ese relevamiento será clave para medir si las políticas actuales alcanzan o si requieren cambios de fondo. En un contexto social complejo, la protección de infancias se convierte en una agenda donde la gestión pública será evaluada no solo por los anuncios, sino por su capacidad de llegar a cada departamento con respuestas concretas.
