Tras 16 días de una búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad de Chilecito, los resultados de la autopsia realizada a Alberto Ramón Agüero (44) arrojaron luz sobre la causa de su muerte, aunque el expediente judicial permanece abierto para determinar las circunstancias exactas del hallazgo.
El procedimiento forense se llevó a cabo este sábado por la noche en la Morgue Judicial del Hospital Eleazar Herrera Motta. Las tareas comenzaron cerca de las 20:00 y se extendieron por más de dos horas, bajo la supervisión de peritos y autoridades judiciales de feria.
Los detalles del informe forense
Según informaron fuentes judiciales vinculadas a la causa, la autopsia determinó que el fallecimiento de Agüero se produjo por un cuadro de asfixia mecánica. Un dato clave que surge del examen médico es la ausencia de signos de violencia externa en el cuerpo, lo que inicialmente orienta la hipótesis principal de los investigadores hacia un escenario que no habría contado con la participación directa de terceros en el lugar del hecho.
No obstante, en el ámbito judicial se mantiene la cautela. Con los resultados preliminares en mano, la jueza de feria, Dra. Florencia Alfonso, autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares. El retiro se concretó a través de un servicio fúnebre para que sus allegados pudieran dar inicio a los actos de sepelio tras las dos semanas de incertidumbre.
Un caso que sigue bajo la lupa judicial
A pesar de que la causa de muerte ya fue establecida legalmente, la investigación no se ha cerrado. La justicia local busca ahora reconstruir el contexto total del hecho. El objetivo es determinar qué sucedió desde el momento en que Agüero fue visto por última vez hasta el hallazgo de sus restos.
Las autoridades buscan descartar cualquier tipo de responsabilidad indirecta o instigación, analizando el entorno y los últimos movimientos de la víctima. El caso de Ramón Agüero ha generado una profunda preocupación en la sociedad riojana, especialmente por la prolongada duración de la búsqueda y el desenlace en una zona de difícil acceso, lo que exige una resolución clara y transparente por parte del Poder Judicial.
