El oficialismo busca convertir esta semana en ley la reforma de la **Ley de Glaciares**, una iniciativa que reordena las zonas protegidas y habilita actividades en áreas periglaciares, y que en La Rioja concentra expectativas por el impacto sobre proyectos mineros y de litio.
Qué y cuándo: El proyecto, con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, avanza en la Cámara de Diputados con la intención de sancionarse en una sesión prevista para el miércoles. El trámite arrancará con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales este martes a las 14 en el Anexo C, donde se prevé la firma de dictámenes y la emisión del despacho que habilite el tratamiento en el recinto.
Cómo y por qué: La ofensiva oficialista responde tanto a la estrategia legislativa como a presiones provinciales por reactivar inversiones. El Ejecutivo y gobernadores de la Mesa del Litio y Cobre participaron en las audiencias y en la hoja de ruta para agilizar la norma. En términos numéricos, el bloque oficialista apuesta a cerrar los apoyos necesarios para alcanzar quórum y mayoría simple con una alianza que suma bancas propias y aliados como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio y sectores provinciales.
Debate y controversia pública: La semana pasada se realizó una audiencia pública que registró 102.000 inscriptos, aunque sólo unas 400 personas expusieron en las dos jornadas habilitadas. Esa limitación alimentó críticas de organizaciones ambientalistas y de sectores opositores, que denunciaron acotamiento del debate público y cuestionaron la legitimidad del proceso. En La Rioja, donde la minería y los proyectos vinculados al litio son parte central de la agenda productiva, la discusión añade tensión entre la expectativa por empleo e inversión y la preocupación por la protección de recursos hídricos y patrimoniales.
Impacto local y riesgos políticos: Para La Rioja, la reforma podría facilitar tramitaciones de emprendimientos mineros y atraer capitales, pero también elevar el riesgo de conflictos sociales y de litigios ambientales que afecten la gobernabilidad provincial. El eventual aval legislativo no zanja el debate: movimientos ambientales ya anunciaron protestas —y figuras públicas convocaron a movilizaciones— lo que podría traducirse en presión política sobre legisladores y ejecutivos locales.
Próximos pasos: Si el plenario emite despacho el martes, el oficialismo intentará llevar la iniciativa al recinto el miércoles. De aprobarse, la sanción abrirá una etapa de implementación y posibles impugnaciones judiciales y movilizaciones sociales, con impacto directo en el mapa político y productivo de La Rioja y otras provincias interesadas en explotar recursos periglaciares.
