Quintela le planta cara al Gobierno nacional: La Rioja avanza con su propia ley para blindar las tierras rurales
En un movimiento político de alto voltaje, el gobernador Ricardo Quintela envió este viernes a la Cámara de Diputados de La Rioja un proyecto de ley destinado a proteger las tierras rurales provinciales de la adquisición extranjera. La iniciativa llegó horas después de que el Gobierno nacional debiera retirar del Congreso dos de los capítulos más polémicos de su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: las reformas vinculadas a la extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
El timing no es casualidad. Mientras el oficialismo nacional resignaba consensos en el Senado, La Rioja decidió avanzar en sentido contrario: más regulación, más restricciones y más control sobre quién puede acceder al territorio provincial.
Una respuesta provincial a un debate nacional
El proyecto riojano reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial, sancionada el 22 de julio de 2024, y establece un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras.
En sus fundamentos, el Ejecutivo provincial sostiene que la tierra no puede ser tratada como un simple bien de mercado. La define, en cambio, como un componente esencial del Estado, ligado a la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Desde esa base, la iniciativa declara el régimen de orden público e interés provincial estratégico.
El 3% como techo y las zonas prohibidas
Una de las medidas centrales del proyecto es el límite máximo del 3% de la superficie rural provincial que podrá estar en manos extranjeras. Ese porcentaje también deberá respetarse en cada departamento de la provincia. Además, se incorpora un límite por nacionalidad para evitar procesos de concentración territorial.
Las restricciones van más allá de los números. El proyecto prohíbe expresamente que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a inmuebles ubicados en franjas de seguridad de frontera, predios con ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica, áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar, programas de colonización estatal y espacios considerados estratégicos para el desarrollo provincial.
Registro, habilitación previa y sanciones
Para garantizar el cumplimiento, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, organismo encargado del relevamiento permanente del dominio rural y del control de las operaciones alcanzadas por la ley.
Toda transacción que involucre a sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación, requisito indispensable para la inscripción registral.
En cuanto a las sanciones, la propuesta es contundente: nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y obligación de desprenderse de las tierras adquiridas de forma irregular en un plazo máximo de 360 días. También ordena un relevamiento obligatorio de todos los actuales titulares extranjeros de tierras rurales en los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Una jugada política con peso propio
El envío del proyecto no es solo técnico: tiene un fuerte contenido político. En el momento en que el Gobierno nacional retrocedía en el Congreso sobre la cuestión de la extranjerización de tierras, La Rioja tomó la delantera con una iniciativa propia que profundiza la regulación, amplía las restricciones y pone el acento en la protección de los recursos hídricos, ambientales y territoriales que considera estratégicos para la provincia.
El movimiento de Quintela instala a La Rioja como un actor activo en el debate nacional sobre la propiedad de la tierra, con una postura clara y diferenciada respecto de la agenda del Gobierno de Javier Milei.
