Ex policía detenido en La Rioja: lo acusan de estafar 50 millones de pesos con falsas adjudicaciones de viviendas sociales
Un ex efectivo de la fuerza policial fue arrestado en el barrio Argentino de la ciudad de La Rioja, acusado de liderar una maniobra fraudulenta mediante la cual prometía a las víctimas acceder a viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero. El operativo fue ejecutado por el Área de Delitos Económicos de la Policía provincial, por orden de la jueza Cecilia Córdoba.
El caso comenzó a tomar forma a partir de las primeras denuncias, que inicialmente revelaban un perjuicio de 19 millones de pesos a cuatro personas. Con el avance de la investigación, el número de damnificados ascendió a ocho y el monto total defraudado trepó a los 50 millones de pesos, según confirmó el jefe de la repartición interviniente, Santiago Vega.
Cómo operaba el estafador
El modus operandi del acusado era sistemático y apuntaba a personas con necesidades habitacionales. Se presentaba ante sus víctimas como funcionario del Ministerio de Viviendas de La Rioja y les aseguraba que podía gestionar la adjudicación de una propiedad por fuera de los canales formales, argumentando que no existían cupos disponibles por las vías oficiales.
A cambio de esa supuesta gestión, exigía pagos que oscilaban entre los 6 y los 8 millones de pesos por persona, cobrados tanto en efectivo como mediante transferencias a billeteras virtuales. Para dar apariencia de legitimidad a la operación, entregaba a cada víctima un acta de convenio que detallaba la vivienda y el programa habitacional asignado, con un sello del Ministerio falsificado.
Un dato que revela la vulnerabilidad de los afectados es que, según los investigadores, la mayoría de los damnificados sabía que no estaba recurriendo a un canal oficial. Sin embargo, la confianza depositada en el ex uniformado y la urgencia por acceder a una vivienda los llevó a concretar los pagos.
Qué secuestraron y qué investiga la Justicia
Durante el allanamiento, los efectivos incautaron un teléfono celular, la documentación que habían entregado las víctimas y distintos dispositivos electrónicos, todos los cuales serán sometidos a pericias técnicas.
La Justicia libró oficios al Ministerio de Viviendas para determinar si la documentación utilizada en la estafa es apócrifa. Al mismo tiempo, los investigadores rastrean el movimiento del dinero a través de las billeteras virtuales para establecer el destino final de los fondos y evaluar si existen otros implicados en la maniobra.
El caso pone en evidencia una problemática recurrente: la explotación de la demanda habitacional insatisfecha como escenario propicio para el fraude, en una provincia donde el acceso a la vivienda propia sigue siendo una deuda pendiente para miles de familias.
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