Fondos viales, votos en el Congreso y una denuncia que sacude al Gobierno de Milei
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo por el presunto uso de fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) para garantizar apoyos legislativos en el Congreso. La acusación apunta a $33.786 millones desembolsados durante tres períodos clave de votaciones en 2026, y pone en el centro del debate el destino de los recursos recaudados a través del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL).
Una “lista de precios” legislativa
El argumento central de la denuncia es contundente: los giros de dinero a las provincias no respondían a necesidades de infraestructura vial, sino al calendario del Congreso. Según los datos que aportó Pagano, los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que el resto del mes, lo que —según la legisladora— operó como un canal de presión hasta el último minuto antes de cada sesión.
La denuncia construye una suerte de “lista de precios” que vincula desembolsos concretos del Banco Nación con votaciones específicas:
– Ficha Limpia: $7.895 millones girados el 7 de mayo de 2025 a la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy, en coincidencia con el rechazo del proyecto en el Senado y el cambio de voto de senadores de Misiones.
– Acuerdo con el FMI: $6.596 millones desembolsados el 21 de marzo de 2025, concentrados en Santa Cruz, luego de la aprobación del DNU 179/2025.
– Sesiones sobre vetos presidenciales: $20.983 millones girados durante la semana en que el Congreso trató los vetos del Poder Ejecutivo en agosto de 2025.
– Reforma laboral (febrero 2026): $17.139 millones transferidos entre el 11 y el 13 de febrero, vinculados al voto afirmativo de diputados misioneros de Innovación Federal y del jujeño Jorge Rizzotti.
– Ley de Glaciares (abril 2026): $12.551 millones girados entre el 8 y el 10 de abril, con Salta entre las provincias beneficiarias.
– Hojarasca y Zonas Frías (mayo 2026): $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo; Salta acumuló, sumando ambas ventanas, más de $1.787 millones.
Rutas sin arreglar, fondos sin ejecutar
El trasfondo financiero de la denuncia es igualmente revelador. Desde diciembre de 2023, el Estado recaudó $1.503.252 millones a través del impuesto a los combustibles con asignación específica para el sistema vial. Sin embargo, solo ejecutó $394.406 millones, lo que representa una subejecución del 73,8%.
El destino del dinero no gastado en rutas es lo que más genera controversia: más de $1 billón habría sido colocado en instrumentos financieros —plazos fijos y letras del Tesoro—, con un saldo de $1.038.779 millones sin aplicar a obras al cierre de mayo de 2026.
Mientras tanto, las rutas nacionales se deterioran. Un caso emblemático que cita la denuncia es la ruta 307 en Tucumán, que acumula tres años de demoras y menos del 20% de avance físico, pese a haber recibido $2.322,8 millones durante las tres ventanas analizadas.
El caso Santiago del Estero y la hipótesis del “pago encubierto”
Uno de los puntos más llamativos del escrito es el caso de Santiago del Estero. La provincia concentró el 11,6% de todos los desembolsos del período enero-mayo de 2026, recibiendo $9.886 millones a través de su Vialidad Provincial para la autovía de la Ruta Nacional 9. Sin embargo, la denuncia aclara que los legisladores santiagueños votaron en contra del oficialismo en todas las “ventanas legislativas” identificadas.
Ante esa aparente contradicción, el escrito incorpora la hipótesis de un experto consultado: “Si quiero esconder un pago incómodo, lo emito entre otros pagos”.
El 41,5% de los desembolsos del SisVial durante los primeros cinco meses de 2026 se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.
La causa ya tiene juez
La denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, el magistrado que también intervino en la causa Vialidad contra el kirchnerismo por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz. Pagano no dejó pasar la ironía del dato: “Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente”.
La investigación periodística que sustentó parte de los datos de la denuncia fue publicada por Perfil el 2 de agosto, cuando se reveló que el Gobierno había recaudado $1,35 billones en concepto de impuesto a los combustibles sin ejecutar esos recursos en el mantenimiento de rutas nacionales. Una semana después, Hugo Alconada Mon amplió el panorama en La Nación, señalando que más de $1 billón permanecía invertido en activos financieros mientras la infraestructura vial se deterioraba.
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