Dos policías riojanos fueron expulsados de la fuerza por prestarle dinero a la gente… y quedarse con sus tarjetas.
El Gobierno de La Rioja separó definitivamente de la Policía Provincial a un oficial principal y a un cabo tras una investigación administrativa que dejó al descubierto una práctica que poco tiene que ver con proteger a la ciudadanía: préstamos clandestinos, retención de tarjetas de débito y manejo de claves de cajeros automáticos ajenos.
La medida quedó formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate.
Según lo establecido oficialmente, los dos efectivos otorgaban dinero en préstamo de forma habitual y al margen de todo marco legal. Para asegurarse el cobro, retenían las tarjetas de débito de quienes les pedían plata, accedían a sus claves bancarias y usaban pagarés con datos incompletos como respaldo. A todo eso se sumaban los intereses que exigían por los préstamos, lo que configura una situación de usura.
Las autoridades remarcaron que esas conductas son absolutamente incompatibles con el estado policial y con el rol que se le exige a quienes forman parte de una fuerza de seguridad: cuidar a la gente, no aprovecharse de ella.
La investigación administrativa fue el camino que permitió probar la responsabilidad de ambos efectivos. Una vez concluida, la expulsión se hizo efectiva por decreto.
En La Rioja, este tipo de decisiones institucionales manda una señal clara: el uniforme no da impunidad.
