La Provincia de La Rioja elevó la tensión sobre la actividad minera en la cordillera al apuntar contra el proyecto Lunahuasi, asociado al grupo Lundin. El ministro de Producción, ERNESTO “HARRY” PÉREZ, advirtió públicamente que empresas vinculadas a NGEx y Lundin estarían “pisando” los límites interprovinciales y reclamó la realización de estudios de impacto ambiental, alegando que parte del área podría encontrarse sobre territorio riojano y bajo el glaciar El Potro. La decisión reactiva un conflicto regional que ya había estallado por el acceso al megaproyecto Vicuña.
Cómo y cuándo se produjo el reclamo:
El planteo se formalizó en redes y con documentación satelital difundida por el Gobierno provincial en mayo de 2026. PÉREZ publicó coordenadas e imágenes que, según la Provincia, justifican la elaboración de informes técnicos. El ministro SANTIAGO AZULAY fue instruido para confeccionar un informe sobre las “situaciones irregulares” que la Provincia prevé elevar al gobernador RICARDO QUINTELA. El reclamo llega días después de los anuncios de hallazgos de alta ley en Hualilán (San Juan), que activaron nuevas exploraciones regionales.
Antecedentes institucionales:
El conflicto no es aislado. En semanas anteriores, La Rioja y San Juan protagonizaron un cruce por el uso de caminos hacia Vicuña que terminó en un amparo judicial impulsado en La Rioja y en la intervención de la policía provincial para hacer cumplir resoluciones locales. Pese a ese choque inicial, hubo gestos de acercamiento entre QUINTELA y directivos de VICUÑA en un intento de negociar accesos e inversión; sin embargo, la alerta sobre Lunahuasi muestra que las tensiones persisten y se amplían a otros emprendimientos vinculados al mismo grupo empresario.
Implicancias políticas y ambientales:
La decisión riojana plantea una disputa sobre control territorial, soberanía provincial sobre recursos de montaña y protección de glaciares. Desde el punto de vista político, La Rioja busca ganar protagonismo en decisiones que tradicionalmente se dirimían en San Juan, lo que puede derivar en nuevas medidas administrativas, demandas judiciales o en la intervención de organismos nacionales para dirimir límites y competencias. Ambientalmente, la solicitud de estudios anticipa un debate sobre la preservación de glaciares y las responsabilidades por potenciales impactos en cuencas y comunidades locales.
Qué sigue:
La expectativa ahora está en el informe técnico que el Ejecutivo provincial remitirá a la gobernación y en las respuestas que puedan formular NGEx, Lundin y autoridades sanjuaninas. El conflicto podría traducirse en nuevas medidas legales y negociaciones que definirán el esquema de control y beneficios por exploraciones en la alta montaña, con efectos directos sobre la gobernabilidad regional y la agenda ambiental de La Rioja.
