El agua que tomás, en subasta: así vendieron AySA por menos de lo que cuesta construir dos plantas
Catorce millones de personas en Argentina toman agua todos los días gracias a AySA. Esa empresa, con toda su infraestructura, su historia y su red, acaba de ser adjudicada a un consorcio privado por 340 millones de dólares. El problema es que construir desde cero apenas dos plantas de tratamiento de agua cuesta más que eso.
El número lo dicen los propios especialistas y lo comparte la oposición: el Estado entregó uno de sus activos más estratégicos por debajo de su valor real de reposición. Ni siquiera el piso estimado por el Ministerio de Economía, unos 450 millones de dólares, fue alcanzado por ninguna de las dos ofertas presentadas.
El consorcio ganador, integrado por las firmas Rowing, Arcos, Transclor y PHX, se quedó con el 90% de las acciones de la prestataria de agua potable más grande del país. La otra oferta, presentada por el grupo Roggio, fue de 285 millones de dólares, aún más baja.
Lo que más preocupa no es solo el precio. Es el proceso. Los 14 millones de usuarios que pagarán las facturas durante los próximos 30 años nunca tuvieron acceso a la valuación real de la empresa ni al detalle de sus pasivos ambientales. Esa falta de transparencia motivó amparos judiciales impulsados desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, y ahora también legisladores llevan el caso a la Justicia.
Los números del negocio que viene tampoco son menores. Según informes del ente regulador ERAS, el grupo adjudicatario espera una recategorización de usuarios por zonas que le generaría un flujo de caja adicional de 93 millones de dólares por año. Con ese ritmo, en poco más de tres años recuperarían lo invertido en la compra.
A eso se suman vínculos que encendieron alertas: firmas del holding Equo Capital habrían realizado aportes a la campaña de La Libertad Avanza, y uno de los socios del consorcio, Mauricio Filiberti, también controla Transclor y tiene participación en Edenor, el principal consumidor de electricidad del AMBA.
La adjudicación definitiva todavía no está sellada. La Comisión de Evaluación tiene la última palabra. Y en ese margen, la discusión sigue abierta: ¿puede venderse el agua como si fuera cualquier mercancía?
Para muchos, la respuesta es no. El agua es un derecho humano esencial. Y lo que se está discutiendo no es solo un número en una planilla, sino quién va a decidir cuánto pagás vos por tomar agua en los próximos tres décadas.
