Pidieron plata prestada, dejaron sus motos como garantía y terminaron debiendo mucho más de lo acordado. Eso es lo que denunciaron dos vecinos de La Rioja ante la policía, y ahora hay una investigación judicial en marcha por presunta usura.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Daniel Barria. Las denuncias fueron recibidas por la División Delitos Económicos, que depende del Departamento de Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones de la Policía provincial.
Los dos afectados señalan a la misma persona.
Una mujer contó que tomó un préstamo de 700 mil pesos y acordó devolver 1,1 millones. Pagó 800 mil, pero los plazos se fueron corriendo y la deuda siguió creciendo. Su moto, entregada como garantía, nunca le fue devuelta.
Un joven relató algo similar: recibió 200 dólares, acordó devolver 300 y también dejó su moto. Cuando pidió más tiempo para pagar, descubrió que el rodado ya estaba publicado a la venta en redes sociales.
Ambos aportaron capturas de WhatsApp y documentación que será analizada en la investigación. La calificación inicial es presunta usura, tal como la prevé el artículo 175 bis del Código Penal. Eso no implica culpabilidad: es el punto de partida del proceso judicial.
El contexto no es menor. Los hechos llegan justo después de que la provincia sancionara la Ley N° 10.901, que ratificó el DNU provincial N° 1.293/2026 y creó un régimen de protección para quienes acceden a créditos de consumo. La norma apunta a situaciones como tasas abusivas, falta de información clara y garantías desproporcionadas. En los casos que lo justifiquen, puede intervenir el Ministerio Público Fiscal.
Además, ese mismo decreto declaró por 180 días la Emergencia Provincial Económica, Crediticia y Social, y dispuso la suspensión de embargos y ejecuciones judiciales sobre créditos de consumo alcanzados por el régimen. La Ley N° 10.896 también suspendió por igual plazo ciertas ejecuciones prendarias. Aclaración importante: suspenden los procedimientos, no cancelan las deudas.
Si estas medidas aplican a los casos denunciados dependerá de cada situación particular. La investigación también deberá determinar qué pasó con las motocicletas y si los hechos configuran efectivamente el delito de usura.
