La Justicia de SAN JUAN dictó una medida cautelar que garantiza la continuidad operativa del proyecto minero VICUÑA, una decisión que intensifica el conflicto político y judicial entre provincias y reabre el debate sobre competencia, seguridad jurídica y control territorial. La resolución, comunicada el 28 de abril de 2026, llega después de que autoridades riojanas hubieran dispuesto restricciones sobre el corredor logístico que alimenta al emprendimiento.
Qué pasó
Un juzgado de primera instancia de la Segunda Circunscripción Judicial de SAN JUAN hizo lugar a un recurso presentado por la empresa operadora y ordenó que ningún tercero —público o privado— obstruya o interrumpa las operaciones del proyecto, salvo las autoridades competentes de la propia provincia de SAN JUAN. La compañía afirmó que posee habilitación del Ministerio de Minería de SAN JUAN y que continuará sus tareas mientras tramita acciones legales y administrativas para normalizar el acceso.
Cómo y dónde se produjo el conflicto
La disputa se materializó tras una resolución judicial en LA RIOJA que suspendió el uso del corredor logístico provincial y limitó el tránsito vinculado a la actividad minera. Esa medida motivó cortes y protestas locales, en particular en la zona de Guandacol, donde vecinos mantienen reclamos por impacto ambiental y falta de respuestas institucionales. La intervención de la justicia sanjuanina busca, por ahora, garantizar la circulación de insumos y producción hacia y desde el yacimiento.
Por qué importa para LA RIOJA y la región
La decisión judicial no solo resuelve un episodio puntual de acceso al predio, sino que plantea un choque de competencias entre jurisdicciones vecinas. Para LA RIOJA, el fallo implica presión sobre su capacidad regulatoria y pone en primer plano la necesidad de protocolos interprovinciales frente a proyectos extractivos que atraviesan límites administrativos. En términos económicos, la medida protege operaciones que generan empleo y movimiento logístico; en lo político, alimenta la disputa sobre quién define condiciones ambientales y de seguridad en corredores compartidos.
Consecuencias y próximos pasos
El fallo puede acelerar los recursos judiciales cruzados y exigir al Gobierno nacional o a instancias federales mecanismos de mediación. Para las comunidades de Guandacol y otras localidades afectadas, la continuidad operativa no despeja las demandas por controles ambientales ni garantiza diálogo. En la agenda inmediata figuran: la respuesta de la administración riojana, las apelaciones posibles por parte de actores locales y empresariales, y la evolución del conflicto en rutas clave. El episodio deja en evidencia la tensión entre la urgencia económica de la minería y las capacidades estatales locales para regular su impacto.
