Quintela convocado por Guandacol: tensión política y riesgo socioeconómico tras la suspensión del corredor del Proyecto Vicuña
Qué pasó:
La suspensión por 30 días del corredor logístico que da acceso al yacimiento vinculado al Proyecto Vicuña, dispuesta por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito por razones ambientales, desató una movilización masiva en Guandacol. Más de 200 vecinos se organizaron en asamblea y exigen respuestas ante el impacto inmediato sobre el empleo y la economía local. Frente a la presión social, el gobernador RICARDO QUINTELA confirmó que recibirá a representantes de la comunidad el próximo martes.
Cómo y cuándo:
La medida judicial, presentada como una cautelar para que la empresa informe sobre el impacto ambiental, paralizó el corredor de acceso al yacimiento Josemaría. La asamblea del lunes en la plaza central de Guandacol resolvió conformar una comisión de vecinos, trabajadores y prestadores de servicios que viajará a la capital provincial para plantear su situación. La convocatoria fue ratificada por el diputado provincial YAMIL SARRUF, quien actuó como nexo entre la comunidad y el gobierno.
Impacto y reclamos:
La decisión judicial puso en evidencia la fragilidad del entramado económico del departamento Felipe Varela. Trabajadores y prestadores advierten sobre despidos y pérdida de ingresos en lo inmediato. La asamblea aprobó un plan de lucha con cuatro ejes: solicitar audiencia urgente con el gobernador, impulsar acciones legales para visibilizar el perjuicio comunitario, elaborar un censo de afectados y reafirmar el apoyo mayoritario al Proyecto Vicuña. El intendente HUGO PÁEZ y el diputado ANTONIO VERAGUA MASSUD respaldaron la movilización y reclamaron información clara sobre los compromisos de obras que, según documentación citada, la empresa habría demorado desde 2024.
Implicancias políticas:
La crisis expone un dilema para el gobierno provincial: conciliar las exigencias judiciales por normativa ambiental con la necesidad de preservar fuentes de trabajo en el interior. El rol del Ejecutivo —su capacidad de interlocución y de ofrecer alternativas concretas— quedará evaluado en la reunión del martes. La pulseada también puede repercutir en la escena política local: partidos y referentes del departamento podrían capitalizar la tensión si no existe una respuesta técnica y económica clara.
Qué se espera:
En el encuentro se espera que el gobierno explique el estado de los procedimientos ambientales, la veracidad de las notificaciones a la empresa y las alternativas para mitigar el impacto social. La comunidad insiste en medidas concretas y plazos. Si no se avanzara en soluciones, el plan de lucha contempla profundización de medidas de visibilización y recursos legales para demostrar el daño comunitario. El resultado del diálogo marcará el ritmo del conflicto y la capacidad de la gestión provincial para mediar entre exigencias judiciales y urgencias socioeconómicas.
