Autoridades provinciales y comunales de La Rioja se reunieron con directivos de la minera Vicuña Corp para avanzar en un esquema de cooperación vinculado al proyecto Josemaría. Participaron la vicegobernadora Teresita Madera, los intendentes Luis Orquera (General Lamadrid) y Hugo Páez (General Felipe Varela), funcionarios provinciales —entre ellos el ministro Federico Bazán y la secretaria de Minería Ivana Guardia— y representantes de la empresa, encabezados por el CEO José Morea y la directora de Asuntos Corporativos Norma Ramiro.
Cómo se desarrolló:
El encuentro tuvo carácter negociador: la provincia presentó expectativas estratégicas y los municipios plantearon tres reclamos puntuales —compensaciones por el impacto del tránsito pesado, priorización en la contratación de mano de obra local y acceso de proveedores riojanos a la cadena de suministro—. Según los jefes comunales, la mesa permitió canalizar demandas históricas tras un periodo de tensión con la compañía.
Cuándo y dónde:
Las reuniones se llevaron a cabo en las últimas jornadas en sedes oficiales de la provincia; simultáneamente el gobernador Ricardo Quintela mantuvo una charla con representantes de Vicuña en Casa de Gobierno donde se insistió en el mismo marco negociador. Como paso concreto, se acordó iniciar la construcción de un bypass en Guandacol en aproximadamente 60 días.
Por qué importa (análisis y consecuencias):
El diálogo marca un punto de inflexión político-administrativo respecto a la relación entre la provincia y el proyecto Josemaría. La negociación tiene impacto directo en la gobernabilidad local y en la legitimidad del Ejecutivo provincial para asegurar que la explotación minera se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades afectadas de La Rioja. La puesta en valor del Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030, presentado por el gobernador el 7 de mayo, refuerza la intención oficial de institucionalizar exigencias: empleo local, capacitación, proveedorio provincial y control ambiental.
Sin embargo, el avance de acuerdos con la empresa no está exento de riesgos políticos. El cumplimiento real de las cláusulas —especialmente contratación y priorización de proveedores locales— dependerá de la redacción definitiva del convenio, de mecanismos de fiscalización y de la capacidad de los municipios para sostener reclamos técnicos frente a una empresa con recursos y plazos de inversión propios. Además, la obra anunciada en Guandacol será un primer termómetro: si se cumple, puede fortalecer la narrativa del gobierno sobre desarrollo; si se demora, reavivará desconfianzas acumuladas.
Qué sigue:
Las partes acordaron formalizar petitorios y continuar las negociaciones. La expectativa oficial es que la cooperación derive en empleo directo y en una mayor participación de empresas riojanas. Para que el proceso deje de ser un acuerdo simbólico y se transforme en política pública efectiva será clave instrumentar controles ambientales independientes, cláusulas claras de empleo local y seguimiento municipal de la ejecución contractual.
