El Gobierno provincial reabrió un canal de negociación con la empresa VICUÑA y, tras una asamblea vecinal, se levantó el corte en la Ruta Nacional 40, lo que permitió la normalización del tránsito y el reinicio de convoyes hacia el yacimiento. El gesto de mediación oficial y la respuesta empresarial descomprimieron una semana de tensión, pero dejan en evidencia desafíos pendientes en materia de licencia social, control ambiental y gobernanza territorial.
Qué ocurrió y cuándo
El acuerdo se concretó después de intensas jornadas de conflicto y bloqueos que afectaron la circulación y la actividad económica en el oeste riojano. Anoche, vísperas del Día del Trabajador, se retiraron las vallas y circularon los primeros camiones escoltados hacia el proyecto minero, tras una asamblea en GUANDACOL en la que la mayoría decidió dar un “voto de confianza” a la mesa de negociación.
Cómo se destrabó el conflicto
La iniciativa partió del propio GOBIERNO DE LA RIOJA, que convocó a las autoridades de VICUÑA para garantizar espacios de diálogo directo. La empresa anunció medidas de reinicio de obras —mantenimiento de caminos, avance en el bypass a Guandacol y mejoras en la Ruta Provincial 506— y aseguró que priorizará mano de obra local y el cumplimiento del marco técnico y ambiental vigente. La comunidad, a través de sus asambleístas, condicionó el levantamiento del bloqueo a garantías verificables y a la audiencia prevista para el 11 de mayo.
Impacto político y económico
La intervención oficial tiene efectos inmediatos: restablece el flujo logístico y reduce la presión sobre pequeñas economías locales que dependen del movimiento hacia el yacimiento. Políticamente, la gestión del Ejecutivo se posiciona como mediadora activa entre inversión y comunidad, pero también se expone a críticas si los compromisos no se traducen en hechos: el éxito del acuerdo será medido por plazos cumplidos, empleo local efectivo y controles ambientales tangibles.
Riesgos y próximos pasos
El acuerdo es frágil: la asamblea anunció que mantendrá la vigilancia y exigirá cumplimiento de plazos. La audiencia del 11 de mayo será un termómetro para la continuidad del entendimiento. Si se incumplen compromisos, el conflicto podría reactivarse con mayor costo político para el GOBIERNO y la reputación de VICUÑA. En clave regional, el episodio plantea la necesidad de un esquema institucional claro para mediar disputas mineras y asegurar que la explotación sea compatible con el desarrollo local y la paz social.
Conclusión
La normalización del tránsito en GUANDACOL abre una ventana de oportunidad para traducir inversiones en empleo y obra pública, pero la gobernabilidad del proceso requerirá transparencia, controles y resultados concretos en plazos acotados. La provincia enfrenta ahora la prueba de consolidar un modelo de minería que concilie crecimiento económico y licencia social.
