La Cámara Empresarial riojana y el Gobierno presionan a Vicuña por mayor participación local en el proyecto Josemaría
Qué: Representantes del sector empresarial de La Rioja reclamaron a la empresa Vicuña una participación concreta de mano de obra y proveedores riojanos en el proyecto minero Josemaría, actualmente en San Juan. El encuentro con el CEO de la compañía, José Morea, derivó en el compromiso de firmar un convenio en Buenos Aires en los próximos diez días para formalizar esas promesas.
Cómo: La reunión, impulsada por el Gobierno provincial y encabezada por actores como la Cámara Empresarial Riojana y cámaras sectoriales (Comercio, Construcción, Proveedores Mineros), expuso datos que tensionan la relación: de las 1.200 personas vinculadas hoy al emprendimiento, apenas alrededor de 100 son de La Rioja y solo una empresa local presta servicios a Vicuña. Ese diagnóstico sirvió de base para exigir porcentajes mínimos de contratación y mecanismos de capacitación.
Cuándo y dónde: El intercambio tuvo lugar en La Rioja durante la visita del CEO, y el acuerdo se prevé formalizar mediante un convenio en Buenos Aires dentro de aproximadamente diez días.
Por qué importa: Más allá del impacto laboral inmediato, la demanda de los empresarios plantea un debate político y de gestión más amplio. El Gobierno provincial —liderado por el gobernador Ricardo Quintela— busca traducir la presencia de grandes proyectos mineros en beneficios concretos para la economía local: empleo, desarrollo de proveedores, obras públicas e inversiones en capacitación. Para la administración provincial, el acuerdo también es una herramienta para asegurar controles ambientales y la ejecución de obras en territorio riojano, condiciones que vienen siendo exigidas por la gestión provincial.
Consecuencias y tensiones previstas: El eventual convenio puede traducirse en un aumento real de empleos locales si se establecen cláusulas verificables y plazos de cumplimiento. Sin embargo, existe el riesgo de que los compromisos queden en declaraciones de intención si no se fijan mecanismos de fiscalización, sanciones y monitoreo público. La promesa de licitar la obra de circunvalación en Guandacol y de priorizar mano de obra del oeste provincial (Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina, Chilecito y Famatina) suma un componente territorial clave: responde a demandas históricas de zonas vinculadas a la minería, pero también exige coordinación logística y formación técnica.
Análisis: El movimiento empresarial muestra una estrategia coordinada entre el sector privado y el Ejecutivo para presionar a una compañía con capacidad de influencia regional. Si el convenio se instrumenta con indicadores claros (porcentaje de contratación local, capacitación certificada, plazos y auditorías ambientales), podría marcar un precedente para futuras inversiones. Si no, la disputa por empleos y proveedores podría convertirse en moneda política en la provincia, con costos reputacionales para la empresa y exigencias electorales para el Gobierno.
