El Gobierno de la Provincia dispuso un aumento en los haberes de jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial, que se abonará en junio con retroactividad a febrero. La medida, decretada por el Ejecutivo y ratificada por la Legislatura (Decreto Nº 129/2026 y Ley Provincial N.º 10.327), beneficia a 3.155 personas y actualiza además el haber mínimo global, que se fijó en $847.206, más el adicional denominado “quincenita” de $126.900.
Alcance operativo y cronograma
Según la Secretaría de Gestión Previsional, el pago retroactivo se hará efectivo junto con los haberes de junio. Los beneficiarios podrán dirigirse a la Dirección General de Gestión Previsional, en San Nicolás de Bari (O) Nº 838, a partir del día 20 del mes, en el horario de 8 a 13, conforme al cronograma oficial para consultas y cobros.
Contexto legal y actores
La titular de la Secretaría de Gestión Previsional, Sandra Vanni, explicó que la actualización busca equiparar los haberes previsionales con la escala salarial vigente para el personal activo. El anuncio llega con el sello político del gobernador Ricardo Quintela, que respaldó la medida como parte de una política de recomposición de ingresos del sector.
Implicancias políticas y fiscales
Más allá del alivio puntual para los jubilados, la decisión plantea interrogantes sobre sostenibilidad y prioridades presupuestarias. El incremento trae un costo fiscal inmediato por el pago retroactivo y por la actualización permanente de mínimos, lo que obligará a la Provincia a reacomodar partidas en el presupuesto 2026. En clave política, la medida opera como un gesto de cercanía hacia sectores de seguridad —tradicionalmente sensibles en el electorado— pero podría generar tensiones con otros sectores de la administración pública y con jubilados de otros regímenes que reclaman igual tratamiento.
Debate público y posibles reacciones
La decisión es susceptible de ser cuestionada por la oposición y por sindicatos que exigen simetría en la recomposición previsional. También abre la discusión sobre criterios de equidad entre regímenes y la necesidad de una política de largo plazo que combine actualización con previsión financiera.
Qué sigue
Además del pago en junio, el Ejecutivo deberá precisar el impacto presupuestario total y cómo compensará el gasto. En el terreno local, el efecto político puede influir en la agenda mediática y en negociaciones salariales futuras. Para consultas, los beneficiarios tienen habilitado el calendario de atención en la Dirección General de Gestión Previsional.
